La detención el último mes de 20 colombianos en Venezuela, por supuestamente realizar labores de espionaje unos, y por entrenar grupos paramilitares otros, ha vuelto a poner tensas las relaciones entre los gobiernos de ambos países.

La administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de un comunicado emitido por la Cancillería, no ha dudado en calificar estas aprehensiones como una persecución contra sus nacionales. Versión que ha sido rechazada de inmediato por distintos funcionarios venezolanos, entre los que destacan la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien calificó esta acusación como una “falsedad” y como un intento por “desprestigiar” a Venezuela.

“En Venezuela conviven más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas colombianos que gozan de la plena protección de sus derechos humanos y que han sido incorporados a todos los programas sociales del Estado, especialmente a las misiones diseñadas por el Gobierno Nacional, brindándoles apoyo absoluto”, asegura Gabriela Ramírez.

La funcionaria agregó que muchas de estas personas son víctimas del desplazamiento forzoso generado por la violencia interna que sacude a Colombia.

La Defensora aseveró, además, que los ocho colombianos detenidos entre el 25 y el 28 de marzo pasado en los estados Aragua y Barinas, estaban realizando labores de espionaje no por su nacionalidad. “Se les incautaron cámaras con fotografías de instalaciones eléctricas y puentes”, precisó.

Fuentes de la Fiscalía Militar, por su parte, confirmaron que los otros 12 capturados fueron aprehendidos en la localidad costera de Río Chico, a unos 50 kilómetros al este de Caracas, en una finca donde se halló un fusil de asalto y 650 municiones, 4 escopetas, un rifle y una subametralladora, todas plenamente operativas.

Los informantes indicaron que los supuestos espías se encuentran en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, mientras que los segundos están en la cárcel de El Rodeo y que los representantes del Consulado colombiano los han visitado para constatar su estado físico y las razones de su captura.