Como seguramente ocurre en todas las dependencias policiales de la provincia, los uniformados que integran la Distrital Dos de Policía, están hondamente dolidos por el asesinato del cabo Eduardo Jesús Correas de 42 años, padre de tres hijos, en el frustrado asalto a un camión blindado del Banco Regional. En el mismo hecho, acaecido el lunes a la tarde en Guaymallén, sufrió heridas de gravedad la cabo Natalia Cortés, de 32 años, que recibió dos balazos en una pierna y un brazo, y se salvó la vida porque Correas la cubrió con su cuerpo.

La noticia de la muerte del uniformado conmovió a la opinión pública mendocina, pero sobre todo a los camaradas de Correas y Cortés, que se sintieron afectados por la muerte del uniformado que llevaba 19 años en la fuerza.

Nuestro diario dialogó con varios policías locales, y casi todos coincidieron en señalar que "después de esto habrá que poner mano dura", sin especificar a que se referían concretamente. Un suboficial con varios años en la policía recordó que "acá muchos funcionarios se rasgan las vestiduras hablando de derechos humanos, como Lavado y Guevara que se fueron del gobierno luego del pacto social firmado por Jaque".

Otro uniformado confió que "aca hay que tener mano de seda para tratar a los delincuentes, porque cuando detenemos a alguno de ellos los familiares y amigos se nos vienen en bandada, acompañados de abogados y defensores de los derechos humanos. Con el crimen del cabo Correas quisiéramos saber que piensa toda esta gente".

Lo cierto es que, de acuerdo a como evolucione la situación, el malestar podría transformarse en otra cosa, porque la tensión aumenta día a día, y al decir de un oficial subalterno de una comisaría de la ciudad, "existe la posibilidad de que se genere un fuerte reclamo policial en toda la provincia en los próximos días, y si bien no contamos con un gremio que nos represente, la muerte de un compañero nos obliga a autoconvocarnos, porque esto no puede continuar así", dijo el policía.

Una muestra de la tensión existente es que los funcionarios del Ministerio de Seguridad que concurrieron ayer al velatorio de Correas en la sede de la mutual policial recibieron insultos de los familiares de policías que acompañaban a los deudos. Para colmo una hermana de la víctima dijo ayer a los medios capitalinos que el chaleco antibala que llevaba el cabo asesinado estaba vencido y por esa razón no detuvo los proyectiles calibre 9 milímetros que le dispararon los malvivientes.

El titular de Amuppol, Omar Alcalde, anunció que la entidad ofrecerá 50 mil pesos de recompensa a quien aporte datos para detener a los delincuentes y dijo que su intención es "colaborar con la política gubernamental. Lo vamos a poner a disposición del juez, el que tenga información que se dirija al fiscal Eduardo Martearena o al área de Investigaciones, y se va a pagar esa recompensa a quien aporte información para identificar a los asesinos".

Por otra parte, trascendió que el fiscal Martearena imputó a un joven internado en el Hospital Central con una herida de bala. El mismo fue identificado como Darío Alejandro Cantos, de 21 años, quien está internado en el 3er piso del Central con custodia policial y llegó al hospital ayer a la madrugada acompañado por familiares, quienes dijeron que recibió un disparo en el hombro por un ajuste de cuentas en Godoy Cruz. No obstante, un denunciante anónimo dijo que Cantos fue llevado a su casa en una camioneta blanca similar a la utilizada por los ladrones que intentaron robar el blindado del Banco Regional.