Tras este enfrentamiento, que amenaza los acuerdos de paz que podrían poner fin a 21 años de guerra civil entre el norte y el sur, se esconden motivaciones religiosas y étnicas, pero sobre todo económicas.

El origen de la crisis
Los rebeldes acusan a las autoridades de Jartum de favorecer ecómicamente a las comunidades árabes del norte (islamistas), en detrimento de esta desértica región habitada por numerosas tribus de raza negra (musulmanes), así como de ejercer una fuerte represión sobre ellas condenándolas al subdesarrollo.

Esta es la razón principal que esgrimieron el SLA y el JEM, cuando en febrero de 2003 decidieron atentar contra intereses gubernamentales, para obligar al Ejecutivo a acabar con su "marginación histórica". Para responder a estos ataques, el Gobierno decidió armar a los Janjaweed y les dio carta blanca para actuar.

Las consecuencias del conflicto
La política de tierra quemada llevada a cabo por las milicias árabes ha causado cerca de 50.000 muertos y obligado a huir de sus hogares a más de un millón de personas, convertidos en desplazados internos dentro del país.

Otras 200.000 personas han huido al vecino Chad, aunque, según Cruz Roja, sólo la mitad se ha refugiado en los campamentos del ACNUR. El resto están diseminadas a lo largo de los 600 kilómetros de frontera, en condiciones extremas.

Las ONG, que llevan meses pidiendo ayuda para los civiles, acusan a estas milicias de quema de aldeas, violaciones en masa, asesinatos indiscriminados y otros atentados contra los derechos humanos. El coordinador de Asuntos humanitarios de la ONU en Sudán, Mukes Kapila, no ha dudado en comparar la limpieza étnica que sufre esta región africana, con el genocidio ocurrido hace diez años en Ruanda.

Demandas de los rebeldes
El SPLA y el JEM reclaman para Darfur una parte proporcional de la tarta de beneficios de un país en el que lo ingresos del petróleo suponen el 75% de las exportaciones. También quieren una reforma política que otorgue mayor protagonismo y autonomía a la región y participar en el proceso de paz entre el gobierno del general Omar Hassan Ahmed al Bachir y el Ejército Popular para la Liberación de Sudán (SPLA) en Kenia.

El 5 de mayo de 2006 , el principal grupo rebelde de Darfur y el Gobierno de Sudán alcanzaron un acuerdo de paz "con reservas". Sin embargo, otras dos formaciones disidentes se negaron a firmar el tratado.

La respuesta internacional
Amnistía Internacional ha instado a la Comunidad Internacional a adoptar medidas de protección para los miles de desplazados de Darfur. La organización pide ayuda material y económica para las víctimas de la guerra y acusa al Gobierno de Jartum de obstaculizar el acceso a los suministros médicos y alimentos, así como de minimizar las repercusiones de la crisis.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció que el Consejo de Seguridad aprobaría sanciones contra Sudán si no toma medidas para acabar con esta situación, pero el conflicto se extiende y aumenta el número de damnificados, ante impotencia de las organizaciones humanitarias.