Betancourt retiró el martes pasado su pedido de un pago de casi siete millones de dólares al Estado luego de una lluvia de críticas a su solicitud debido a que desde el Gobierno, e incluso sectores de oposición, se dijera que ella había sido advertida varias veces de los riesgos de viajar al sur del país, donde se suscitaban combates entre las rebeldes FARC y los militares, señaló AP.

La ex rehén fue secuestrada en febrero de 2002 por la guerrilla y rescatada en un operativo militar, junto a otros 14 retenidos, en julio de 2008.

Pero en medio de la polémica, otros cuatro ex rehenes confirmaron que ya meses antes de conocerse el pedido de Betancourt, que data del 30 de junio último, ellos tramitaban pagos similares.

De hecho, Betancourt apenas estaba en la etapa inicial del proceso: había pedido una "conciliación" con el Estado o que de mutuo consentimiento se acordara el monto del pago.

Si esa conciliación fracasa es que el caso pasa a los tribunales en forma de una demanda, que es la etapa en que están los procesos instaurados por los cuatro ex rehenes porque la conciliación fracasó, según dijeron sus abogados.

Las demandas fueron presentadas entre abril y mayo pasado ante un tribunal contencioso administrativo de Neiva, en el departamento de Huila, a unos 240 kilómetros al suroeste de Bogotá, donde residen los cuatro ex secuestrados, según un comunicado del juzgado divulgado la víspera en un correo electrónico.

Las demandas son de Gloria Polanco, por 6,5 millones de dólares; Jorge Eduardo Gechem, por 3,8 millones de dólares; Orlando Beltrán, por 4,1 millones de dólares y Consuelo González, por 421.000 dólares.

Los cuatro políticos y ex políticos fueron secuestrados por las FARC entre 2001 y 2002 en distintas partes del país. Fueron liberados de forma unilateral por la guerrilla a comienzos de 2008.

Juan Carlos Peláez, abogado de Beltrán, dijo en diálogo telefónico que sus casos eran distintos a los de Betancourt porque ni ellos contaban con protección o escoltas ni fueron advertidos por las autoridades del peligro de una posible retención porque no estaban viajando a una zona de riesgo, sino que fueron retenidos en sus casas, trabajos o en desplazamientos en autos o avión.