El consejo expresó su preocupación por las consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales que implica la prórroga del contrato petrolero a favor de la transnacional Perenco.

También  expresó su respaldo a los líderes religiosos, comunitarios y sociales que se movilizan para proteger los recursos naturales exigiendo la cancelación de los contratos petroleros, mineros, madereros y otros que atentan contra el patrimonio natural.

Por igual externo su rechazo a la impunidad que impera en el país que causa desesperanza en la población ante la ineficiencia del sistema de justicia.

Manifestó rechazo a la aplicación de la pena de muerte para resolver problemas de seguridad ciudadana, pues lo que se necesita es voluntad política de todos los sectores y en ese entorno apoyan al Consejo Asesor de Seguridad al impulsar una campaña para combatir la extorsión, un problema que afecta a la mayoría de la población, incluso al sector religioso como la Pastoral de Movilidad Humana.