Según la entidad, también fueron llamados a declarar el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), Felipe Muñoz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, y el candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro.

Estos dos últimos se hallan entre las presuntas víctimas de los seguimientos ilegales llevados a cabo por el DAS, organismo subordinado directamente a la presidencia.

Los citados deberán comparecer en los próximos días o semanas, al tiempo que en estos momentos se elaboran los cuestionarios para estas personas que gozan de fuero constitucional, según explicó el procurador general, Alejandro Ordóñez.

De acuedo con el máximo organismo del Ministerio Público, la versión del mandatario colombiano será analizada respecto a la manera en la que se manejaba y se coordinaba la información con el DAS.

Asimismo, el testimonio de Uribe y los demás convocados es requerido por la Procuraduría en el contexto de una investigación disciplinaria que desde febrero se adelanta al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno.

Este funcionario fue citado recientemente por la Fiscalía General junto a la ex directora de la inteligencia estatal María del Pilar Hurtado, como parte de las investigaciones por espionaje.

Fuentes del ente acusador indican que el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, llamó a indagatoria a Moreno -uno de los hombres más cercanos a Uribe- y a Hurtado, a fin de escuchar sus versiones y determinar si levanta o no cargos en su contra.

Ambos funcionarios fueron acusados por ex miembros del DAS como las personas que ordenaron o recibieron los informes sobre el espionaje a magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, hecho que desató uno de los escándalos más sonado en la historia institucional del país.

Las acusaciones también alcanzan, entre otros altos cargos, al secretario Jurídico del Ejecutivo, Edmundo Del Castillo, acorde con recientes revelaciones de testigos vinculados a las investigaciones y divulgadas en días pasados por la revista Semana.

La publicación cita declaraciones de ex integrantes del controvertido Departamento, sin revelar sus nombres por motivos de seguridad, quienes afirman -entre otros elementos- que entregaron datos sobre la gigantesca operación a funcionarios de la Casa de Nariño.

Varios de los testigos sostienen que en varias oportunidades acudieron a la sede de la Presidencia para llevar y recibir informaciones, así como órdenes directas e indirectas de monitoreos ilegales.

En tanto, el presidente colombiano ha negado en reiteradas ocasiones que su despacho haya ordenado los seguimientos y escuchas ilegales, e incluso señaló que él también fue víctima de espionaje.

A la fecha, más de un centenar de funcionarios del DAS han sido destituidos desde que se desató el escándalo a principios del pasado año por corrupción o porque perdieron la confianza, mientras varios de sus ex directivos permanecen bajo investigación, en un caso que aún falta por determinar quién dio la orden.